El CERMI ha destacado la obligación de las Administraciones Públicas de promover acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad universal, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso a la cobertura de puestos de empleo público.

 

Así lo ha asegurado Luis Alonso, gerente del CERMI, durante la conferencia ‘Las personas con discapacidad en el empleo público en España’, en el marco de la jornada europea 'Monitorizando la puesta en práctica de la Convención de  Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad', que ha reunido en Croacia a más de 200 representantes del movimiento de la discapacidad de toda Europa, organizada por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) en cooperación con sus miembros croatas, SOIH, en el marco de la Asamblea anual del EDF, del cual el CERMI es la entidad española de referencia.

 

Las diferentes sesiones de la jornada, centrada en el derecho al trabajo con ejemplos sobre reformas legislativas y de protección social para asegurar la igualdad en el acceso al mercado de trabajo para personas con discapacidad, así como sobre la participación de mujeres y hombres con discapacidad, incluyendo a niños, y sus organizaciones representativas en la puesta en práctica de la Convención de la ONU. En estos términos, el movimiento de la discapacidad adoptó en este marco una resolución sobre el futuro de la sostenibilidad financiera de la participación civil del movimiento de personas con discapacidad en Europa.

 

Para el CERMI, según ha señalado Alonso, la reserva de puestos de trabajo en la Administración Pública siempre ha sido considerada como un importante nicho de mercado para la inclusión de las personas con discapacidad a través del empleo. Según ha puntualizado, un total de 1.595 persona con discapacidad oficialmente reconocida accedió a un empleo público en la Administración General del Estado en el periodo 2003-2011, a través de los mecanismos de reserva de empleo establecidos en la normativa reguladora de la función pública.

 

Estos datos, ha señalado, “certifican la tendencia positiva y de mejora progresiva que viene experimentando el acceso al empleo público de personas con discapacidad desde el año 2004 frente a la tónica histórica anterior a esa fecha, en que la reserva de empleo apenas tenía eficacia y era sistemáticamente incumplida”.

 

En este sentido, se ha referido a la obligación de las Administraciones Públicas de promover acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad universal, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso a la cobertura de puestos de empleo público. Entre otras medidas, según CERMI, las Administraciones Públicas deben garantizar los medios materiales y humanos, ayudas técnicas y tecnologías asistivas que precisen las personas con discapacidad para la realización de las pruebas y, en concreto, se ha referido a la accesibilidad de las páginas web.

 

Además, ha señalado la necesidad de adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos, como la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios; la garantía de accesibilidad a la información y la comunicación de los procesos y del espacio físico donde éstas se desarrollen; la preferencia en la elección de destino, pudiendo alterar el orden de prelación siempre que se justifique por razones debidamente acreditadas; así como la adaptación de los puestos de trabajo y la facilidad de acceso a la formación.

 

Asimismo, es de gran importancia, según el CERMI, el seguimiento que deben hacer las Administraciones Públicas sobre el proceso de adaptación y evolución de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo dentro de la administración.

 

La oferta de empleo público de la Administración General del Estado para el año 2014 reserva un total de 65 plazas para personas con discapacidad, de las que 15 se reservan a su vez específicamente para personas con discapacidad intelectual, quedando las otras 50 para aspirantes con discapacidades no intelectuales. Además, en la convocatoria de promoción interna, la reserva para personas con discapacidad asciende a un total de 108 plazas, de las que 31 se destinan a personas con discapacidad intelectual.

 

Como novedad, según ha explicado Alonso, la oferta de empleo público de este año contempla que los temarios de pruebas selectivas incluirán, en los temas relativos a las políticas públicas, especial referencia a las políticas sociales, entre ellas las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como de aquellas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

 

A pesar de los resultados positivos, el CERMI destaca dificultades todavía existentes en este ámbito como la baja actividad de las personas con discapacidad, debido en su mayor parte a su escasa cualificación académica y profesional o a las dificultades de mantener en el mercado de trabajo a las personas con discapacidad sobrevenida.

 

Además, señala la insuficiente creación de empleo para las personas con discapacidad, que en lo relativo al empleo público se refiere a la cuota de reserva de las convocatorias; así como la insuficiente calidad del empleo de este colectivo, consecuencia de la discriminación en la contratación y en las condiciones de trabajo, la elevada temporalidad y el coste que supone para las empresas los ajustes razonables que precisan estos trabajadores.

 

Finalmente, ha señalado que el INAP, Fundación ONCE y el CERMI han firmado recientemente un convenio para mejorar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad en las Administraciones Públicas. Este convenio, según subrayó, va a permitir la realización de un Libro Blanco sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.

 

El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) es la máxima representación del movimiento social de la discapacidad a escala europea, representando a 80 millones de personas con discapacidad más sus familias. El CERMI es entidad de pleno derecho y miembro español de esta organización europea.